La cantante, plenamente convencida de su inocencia, ha rechazado llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal aun sabiendo que pedirían para ella una pena de cárcel.
Hace tan solo dos días se hacía público que Shakira y sus abogados habían rechazado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que la acusa de haber defraudado a Hacienda 14,5 millones de euros. La artista sabía que, al descartar el acuerdo, el Ministerio Fiscal solicitaría para ella una pena de cárcel, pero aun así se mantuvo firme y lo rechazó, plenamente convencida de que la justicia le dará la razón.
En efecto, la Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por defraudar, presuntamente, esos 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones. El escrito de acusación, consultado por Europa Press, le atribuye seis presuntos delitos contra Hacienda y tiene en cuenta la atenuante de reparación del daño porque ya ha pagado los impuestos que no tributó en su momento.
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El fiscal ha presentado el escrito de acusación la misma semana que la cantante ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, de manera que el caso irá a juicio y se prevé que participen unos 40 testigos. Los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771-, sumando entre los dos 14.562.968 euros.
El fiscal sostiene que Shakira dejó de tributar estos impuestos en España pese a que estaba obligada porque es donde tenía residencia fiscal, y el escrito de acusación detalla cuántos días por año pasó en el país o de viaje, con ausencias «esporádicas» que según la acusación no la eximen de su residencia en España a efectos tributarios.
‘Plan’ para ocultar rentas
Cree que, para evitar pagar impuestos en España, se valió de «un entramado societario que, si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para ocultar» sus rentas a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agencia Tributaria de Cataluña y evitar pagar el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Según el fiscal, siguió un «plan» en que una quincena de sociedades figuraban como titulares de sus rentas y patrimonio, en vez de ponerse a ella como titular, y descarta que la cantante tuviera el domicilio en el extranjero aunque las sociedades estuvieran domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
